Una investigación independiente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha revelado nuevos hallazgos sobre el asesinato de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, Honduras. El informe final —presentado el 12 de enero de 2026— documenta redes financieras, pagos bajo sospecha, la manipulación de pruebas, omisiones estatales y flujos de dinero vinculados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, poniendo en evidencia la complejidad y alcance de un crimen estructural, político y financiero que sobrepasó las fronteras nacionales.
El informe del GIEI profundiza en la trama financiera detrás del asesinato, mostrando cómo los recursos para planificar y financiar el crimen estarían vinculados al financiamiento del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que Cáceres enfrentó durante años. El documento detalla la estructuración de los préstamos con bancos internacionales y cómo ciertos fondos pudieron haberse desviado para actividades ilícitas relacionadas con el asesinato y otras operaciones conexas.
Además, se identifican pagos sospechosos a periodistas, auditores externos y actores vinculados a influir sobre la narrativa pública y judicial del caso, así como pagos a funcionarios, cuerpos policiales y posibles operaciones de inteligencia para obstaculizar la investigación.
Según el informe, la investigación oficial original del asesinato fue desviada y obstaculizada mediante:
implantación de pruebas por parte de agentes policiales;
criminalización de personas cercanas a la víctima;
acciones de control de daños corporativo;
retrasos y omisiones por parte de operadores de justicia.
El GIEI subraya que estas prácticas no solo dilataron el esclarecimiento de los hechos, sino que favorecieron narrativas que distorsionaron el curso de la investigación durante años.
El informe también examina las omisiones del Estado hondureño en la protección de Berta Cáceres pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009. Estas omisiones, junto con relaciones entre actores estatales, empresariales y de seguridad, delinean un entramado donde el crimen fue posible no solo por decisión criminal, sino por la falla o tolerancia institucional y la connivencia de estructuras de poder.
Más allá del análisis de las fallas investigativas, el GIEI propone un Plan de Reparación Integral que incluye:
restitución de derechos territoriales y culturales para comunidades Lencas;
depuración de archivos de inteligencia y acceso a la información;
programas de atención psicosocial y educativa;
medidas de no repetición e instrumentos legales para proteger a personas defensoras.
Estas recomendaciones buscan no solo justicia para la familia de Cáceres, sino cambios estructurales para garantizar la protección de derechos humanos en Honduras.
El informe del GIEI representa uno de los ejercicios más detallados e independientes sobre el asesinato de Berta Cáceres, mostrando que este crimen no fue un acto aislado, sino el resultado de una combinatoria de intereses económicos, políticos y sociales que se entrelazaron para silenciar a una de las voces más prominentes en la defensa del territorio, la vida y los derechos fundamentales.
