junio 30, 2025
Categories: Derechos humanos
onduras es uno de los países más peligrosos del mundo para defender la tierra, el agua y los territorios. En la última década, al menos 131 defensores del medio ambiente han sido asesinados, de acuerdo con el informe Decade of Defiance de la organización Global Witness (2020).
La cifra podría ser aún mayor debido al subregistro y a la falta de investigaciones judiciales efectivas.
Los ataques no son aislados. Surgen en contextos marcados por proyectos extractivos como represas hidroeléctricas, minería y deforestación intensiva, impulsados bajo el argumento del desarrollo económico, pero que han generado profundos conflictos sociales y territoriales en comunidades indígenas y rurales.
Según la organización CESPAD (2022), estos megaproyectos se instalaron con mayor fuerza a partir del año 2000, en medio de reformas legales que favorecieron la inversión privada extranjera, pero sin respetar los mecanismos de consulta previa, libre e informada establecidos en el Convenio 169 de la OIT. El resultado ha sido la criminalización, desplazamiento y, en muchos casos, el asesinato de quienes se oponen a estas imposiciones.
El caso Berta Cáceres: símbolo de resistencia
El 2 de marzo de 2016, la líder indígena lenca Berta Cáceres fue asesinada en su casa tras años de lucha contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca, construida sobre el río Gualcarque, sagrado para su comunidad. Berta había denunciado amenazas de muerte y persecución. La causa por su asesinato aún no ha alcanzado justicia plena. El caso se volvió emblemático a nivel internacional, visibilizando la violencia sistemática contra quienes defienden el ambiente y los derechos colectivos en Honduras.
“El asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, fue consecuencia de un modelo que prioriza el lucro sobre la vida”, señala un informe de Amnistía Internacional (2021).
Sin Escazú, sin garantías
Honduras no ha firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en decisiones ambientales y, sobre todo, la protección legal de defensores y defensoras del territorio.
Este acuerdo, que entró en vigor en abril de 2021, establece estándares regionales que podrían ayudar a prevenir ataques, garantizar justicia y visibilizar los impactos de los megaproyectos sobre las comunidades. Sin embargo, la falta de voluntad política en Honduras ha impedido su adhesión.
Organizaciones como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han exigido en múltiples ocasiones que el Estado hondureño firme y aplique este tratado como medida mínima de compromiso con la vida de quienes protegen el planeta.
La defensa del territorio es la defensa de la vida
Mientras el extractivismo continúe imponiéndose sin participación comunitaria ni salvaguardas ambientales, Honduras seguirá siendo una zona de alto riesgo para quienes defienden el derecho a un ambiente sano.
Proteger a estas personas no es solo un asunto de derechos humanos: es una urgencia ecológica y ética ante el avance de una crisis climática global.
